El dictamen de la Ley de Planeación para la Ciudad de México, previsto para discutirse este martes en el Congreso local, cuenta con diversos puntos problemáticos que deben ser corregidos, de acuerdo con Mónica Tapia, visionaria del ODS 11 y directora de la asociación civil Ruta Cívica. Algunos de los principales puntos mencionados son los siguientes:

1. El Instituto de Planeación estaría sectorizado a la Jefatura de Gobierno, es decir, se vería afectado por los cambios gobierno, lo que dificultaría el dar continuidad a los planes de 15 a 20 años previstos por la Constitución.

2. Las tareas más sustanciales del proceso de planeación (como el convocar, difundir, consultar y filtrar propuestas) también estarían centralizadas en el Gobierno y no en el Instituto independiente.

3. No se garantizaría ningún mecanismo ni rutas claras de participación, quedando bajo la discreción de la Plataforma de Gobierno –manejada por la Agencia Digital de Innovación Pública– que actualmente recopila ilegalmente datos personales electorales y representa un enorme riesgo. Este punto fue debatido y eliminado por presión ciudadana para la propuesta de Ley de Participación; pero se mantiene en este dictamen. 

4. El Sistema de Información de la Ciudad, como plataforma neutral con continuidad entre sexenios, tampoco estaría a cargo del Instituto, sino que formaría parte de la Plataforma de Gobierno y estaría sometido a la voluntad de la autoridad en turno. 

5. Mientras que en la Constitución, se incorporan figuras ciudadanas en la toma de decisiones del Instituto de Planeación –Directorio técnico con expertos y un Consejo Ciudadano, así como un Comité ciudadano que los designaría– en el dictamen dichas figuras estarían subordinadas a la “consulta”, no se les daría funciones claras, no se harían convocatorias públicas, con base en perfiles idóneos ni habría garantía de éstas serían fuente de legitimidad y contrapeso ciudadano. En contraste, se proponen comités de selección a modo, invitados por la Jefa de Gobierno, en violación de la Constitución. 

A menos de que los 37 nombramientos se hagan por “dedazo” en un día, sin convocatorias, ni expedientes abiertos, ni audiencias, es imposible que el Instituto quede instalado el 1 de enero de 2020 (dentro de 22 días, incluyendo días festivos y fines de semana) según el artículo Séptimo transitorio.

6. Para elaborar los Programas de Ordenamiento Territorial –donde se definen los usos de suelo, las alturas y las áreas verdes y de conservación ambiental– las alcaldías también estarían subordinadas a la SEDUVI y a la Jefatura de Gobierno. En violación de la Constitución, el dictamen omite que los Consejos de la alcaldía sean quienes aprueben estos programas y se establece la afirmativa ficta (es decir que, cuando el Congreso no los apruebe o rechace, quedarán automáticamente aprobados).

Con información de Ruta Cívica.