Por Liliana Padilla

Las llamadas terapias de “reorientación sexual” o de “conversión sexual” son una serie de métodos presuntamente científicos que buscan cambiar la orientación sexual de personas homosexuales y bisexuales, o eliminar o disminuir sus deseos y comportamientos. Algunos de estos métodos incluyen la terapia de aversión, los electrochoques, el psicoanálisis, la oración y el consejo religioso.

Surgieron a finales del siglo XIX, cuando se clasificó a la homosexualidad como una enfermedad mental, si bien Sigmund Freud no la consideraba una “anomalía” y expresó serias dudas sobre el potencial de la conversión terapéutica. En 1952, la Asociación Psiquiátrica Estadounidense (APA) clasificó la homosexualidad como un desorden mental y las terapias de conversión ganaron terreno. En 1973, gracias al activismo de grupos LGBT y a investigaciones científicas como las de Evelyn Hooker y Kinsey, la APA desclasificó la homosexualidad como un desorden mental y un año más tarde, el Colegio de abogados de Estados Unidos descriminalizó los actos homosexuales entre adultos que consienten; pero fue hasta 1992 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

De acuerdo con una amplia investigación de 2010 de la APA, no existe evidencia sólida sobre la eficacia de estas terapias, pero sí grandes probabilidades de que los pacientes sufran depresión y tendencias suicidas. El experto de la ONU Víctor Madrigal-Borloz aseguró recientemente que son prácticas “intrínsecamente degradantes y discriminatorias” que pueden incluir maltrato físico, privación de la libertad y hasta violación, por lo que ha pedido que se prohíban a nivel mundial. A su vez, Julia Suárez, directora de análisis legislativo de Conapred, afirma que estos tratamientos alimentan un estigma negativo sobre la homosexualidad, siendo un caldo de cultivo para la homofobia.

En este sentido, el pasado 24 de julio el Congreso de la Ciudad de México aprobó con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, la reforma del artículo 206 bis del Código Penal local para sancionar con 2 a 5 años de prisión y entre 50 y 100 horas de trabajo comunitario a quien obligue o realice “terapias de conversión” que pretendan “corregir” la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. La aprobación de esta reforma es un paso histórico en materia de protección de los derechos humanos en la Ciudad de México.

En la actualidad, las terapias de conversión son ilegales en 20 estados de EUA, así como en Malta, Ecuador, Brasil, Taiwán y Alemania.

 

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