En un fallo histórico, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que los gobiernos deben tener en cuenta las violaciones de los derechos humanos causadas por la crisis climática al considerar la deportación de los solicitantes de asilo, y que éstos no pueden ser obligados a regresar a sus países de origen si se demuestra un riesgo inminente a sus vidas. La sentencia representa un punto de inflexión legal que abre las puertas a futuros reclamos de protección de personas cuyas vidas y bienestar han sido amenazados por el calentamiento global.

 

Dicha sentencia se dio en el caso de Ioane Teitiota, quien solicitó protección de Nueva Zelanda luego de afirmar que su vida estaba en riesgo en su país natal, Kiribati, isla del Pacífico que podría convertirse en el primer país en desaparecer bajo el aumento del nivel del mar. Teitiota presentó un caso contra el gobierno de Nueva Zelanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU (HRC) en febrero de 2016 después de que las autoridades negaron su solicitud de asilo como “refugiado climático”.

 

Si bien el Comité consideró que la deportación de Teitiota no fue ilegal, sí reconoció que el cambio climático representa una seria amenaza para el derecho a la vida. Dos integrantes del Comité discreparon con el fallo y apoyaron el reclamo de Teitiota, al consider que las «condiciones de vida resultantes del cambio climático en la República de Kiribati son significativamente graves y representan un riesgo real, personal y razonablemente previsible de una amenaza para su vida bajo el Artículo 6 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

 

El Comité también consideró que los habitantes de islas del Pacífico que se encuentran a uno o dos metros sobre el nivel del mar están actualmente expuestos a graves impactos climáticos, incluido el acceso limitado a tierras habitables y a agua potable, y que «sin esfuerzos nacionales e internacionales sólidos, los efectos del cambio climático podrían exponer a las personas a una violación de sus derechos en virtud de los artículos 6 o 7 del Pacto antes mencionado –que garantizan el derecho inherente de la persona a la vida– lo que podría derivar en obligaciones de no devolución de los estados receptores».

 

“Dado que el riesgo de que un país entero se sumerja bajo el agua es un riesgo tan extremo, las condiciones de vida en ese país pueden volverse incompatibles con el derecho a la vida con dignidad antes de que el riesgo se realice”, agregó el Comité. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático ha identificado a Kiribati como uno de los seis países de las islas del Pacífico más amenazados por el aumento del nivel del mar. Como consecuencia de la erosión costera y de la contaminación del agua dulce, Kiribati podría volverse inhabitable para el año 2050.

 

De acuerdo con Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados: «debemos estar preparados para una gran ola de personas se trasladen en contra de su voluntad” como consecuencia del cambio climático. Un estudio de 2018 del Banco Mundial estima que 143 millones de personas en el sur de Asia, África subsahariana y América Latina corren el riesgo de convertirse en migrantes climáticos como consecuencia de sequías, pérdida de cosechas y ganado y el aumento en el nivel del mar, incluso en regiones consideradas desarrolladas.

 

Con información de Reuters, Amnesty International, CNN y France24.