Por: Liliana Padilla

En México, los accidentes viales son la primera causa de muerte en niños y jóvenes. La mayoría de ellos utilizan el transporte público, caminan o andan en bicicleta, lo que los hace más vulnerables a accidentes o agresiones. A pesar de ello, 70% del presupuesto público para movilidad se destina a la población que tiene automóvil.

Garantizar la movilidad segura de las personas es una manera efectiva de combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo y reducir la contaminación, así como de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

En este sentido, el pasado 14 de octubre se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados una reforma a la Constitución que ordena el derecho constitucional a una movilidad segura, accesible, eficiente, sostenible, de calidad, inclusiva e igualitaria.

Esta reforma –que ya ha sido aprobada por 24 congresos estatales y sigue consolidándose a lo largo del territorio nacional– convierte a nuestro país en el primero en el mundo en garantizar el derecho humano a la movilidad. También faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Este importante avance en materia de seguridad vial tomó más de 10 años y se logró gracias al activismo de la ciudadanía y en particular de muchas mujeres, quienes realizan el 54% de los traslados en la zona metropolitana del Valle de México.

 

Fuentes: El Financiero, La Jornada y El Heraldo.

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