Por Liliana Padilla

 

En abril pasado entró en vigor la Ley de Amnistía, una de las que más polémica ha generado durante el actual gobierno federal pero que, a la luz de la crisis sanitaria sin precedentes por la epidemia de COVID-19, permitiría liberar personas que no cometieron delitos graves y/o en situación de extrema vulnerabilidad a fin de prevenir la multiplicación de contagios en cárceles. Dicha Ley no aplicará en casos de delitos contra la vida o la integridad corporal, secuestro, o uso de armas de fuego.

 

De acuerdo con el Informe Anual de Actividades 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al menos 61 de los 300 centros penitenciarios del país presentan sobrepoblación. Otros problemas identificados son la insuficiencia de personal, deficiencias en la atención al derecho a la salud, la falta de actividades educativas, deportivas, laborales y de capacitación, así como de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

 

La Ley de Amnistía representa una herramienta de protección de los derechos humanos de muchos presos y presas que se encuentran encarcelados sin haber tenido un proceso justo o por no haber contado con el dinero para pagar una fianza.

 

Sin embargo, diversos especialistas han destacado que, a diferencia de la iniciativa original, la Ley aprobada por el Senado de la República se queda corta, pues únicamente aplicará para delitos federales, el 14.5 % del total (29,198), y de los cuales únicamente 14,065 son susceptibles de amnistía.

 

En tanto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, prevé la liberación de alrededor de 800 personas de las cárceles de la ciudad durante el periodo de emergencia sanitaria por el COVID-19, los cuales están a punto de cumplir su sentencia condenatoria. Además, los beneficiarios contarán ayuda en su proceso de reincorporación a la sociedad y para obtener un empleo.

 

Casos que cubre la Ley:

  • Mujeres acusadas de aborto;
  • Indígenas que durante su proceso legal no contaron con intérpretes o defensores que conocieran su lengua;
  • No reincidentes que hayan cometido delitos menores (posesión y consumo de drogas en ciertos casos, robo simple y sin violencia, etc.).

 

¿Cómo se elegirá a los beneficiados?

El Poder Ejecutivo Federal prevé la creación de una Comisión encargada de evaluar las solicitudes que se presenten; coordinar los actos de cumplimiento y vigilar la aplicación de este beneficio y posteriormente, un juez federal resolverá el otorgamiento de la amnistía. Será de extrema importancia que la comisión encargada conteste las solicitudes de manera fundada, pronta y expedita para salvar vidas y evitar contagios.

 

 

Panorama del Sistema Penitenciario en México:

  • El Sistema Penitenciario Nacional está conformado por 300 centros penitenciarios con una capacidad de 217,657 lugares;
  • En 2019, estos albergaban una población total de 202,221 personas;
  • 191,702 (94.80%) son hombres y 10,519 (5.20%) son mujeres;
  • 77,884 (38.51%) se encuentran en proceso y 124,337 (61.48%) cumplen una sentencia.

Fuente : Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, emitido por Prevención y Readaptación Social (PyRS) al mes de octubre de 2019.

Con información de: CNDH, UDGTV, El Financiero y Milenio.